El domingo de Pascua último, la agencia de noticias del Estado Télam publicó en su portal web que ya contabilizaban dieciséis los procesos judiciales que se desarrollan a causa de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Estos son llevados a cabo en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Neuquén, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Mendoza, Salta y Entre Ríos.

 

Uno de los que atrae más nuestra atención dada su cercanía, comenzó el 26 de marzo pasado, en el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín, y dio inicio al juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “Mansión Seré”, del partido de Morón, y en otros lugares que integraron el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense.

 

La dictadura que comenzó aquel nefasto 24 de marzo de 1976 y que hoy finalmente está siendo puesta en el banquillo de los acusados, fue la noche más oscura de nuestra historia ya que significó la sistematización de las violaciones a los derechos humanos bajo la poderosa maquinaria del terrorismo de Estado. La desaparición de 30 mil personas, la detención forzosa de otras tantas, los cientos de exiliados, el robo de bebés, las suspensiones y violaciones a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos argentinos, más el derrocamiento de un gobierno democrático del cual las mismas Fuerzas Armadas eran parte, dan cuenta de la tragedia que ocasionó el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional durante los siete años que gobernó nuestro país.

 

Sin embargo, todavía persisten algunas consecuencias sociales derivadas de las decisiones de la dictadura que desgraciadamente no son tan conocidas ni difundidas como las anteriores. Ya en 1977, en su Carta Abierta, Rodolfo Walsh explicó certeramente la relación existente entre el terrorismo de Estado y las decisiones económicas tomadas por la Junta Militar y sus funcionarios. Es así como con gran lucidez sostuvo que las acciones represivas contra los cuerpos de los desaparecidos y los asesinatos ocasionados por la dictadura “no son (...) los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones a los derechos humanos”, ya que es “en la política económica de este gobierno” donde “debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”

 

Así, a solo un año del comienzo de la dictadura, Walsh pudo ver con claridad lo que todavía es difícil de reconocer para muchos. Comprendió que los genocidas que habían tomado a la nación por la fuerza, eran apenas el brazo armado de un poder económico que los necesitaba desesperadamente para poder barrer con todo tipo de oposición popular a la implementación de un modelo económico diametralmente opuesto al que se había desarrollado hasta ese entonces en la Argentina.